A pesar de la promesa gubernamental y las inversiones multimillonarias, el sistema eléctrico dominicano sigue siendo un dolor de cabeza histórico que esta administración no ha logrado remediar de manera definitiva. Hoy, el panorama es desolador, comunidades enteras en protesta por apagones de hasta 14 horas mientras reciben facturas que duplican o triplican sus montos habituales sin justificación aparente.
Es inaceptable que en pleno 2026 los dominicanos sigan escuchando las mismas excusas técnicas para justificar la falta de un servicio básico. Las interrupciones, que las autoridades atribuyen a menudo a averías por calor extremo o mantenimiento, son en realidad el síntoma de una red de distribución obsoleta y sobrecargada. En sectores del Distrito Nacional, se acumularon más de 4,000 horas sin servicio en un solo año, lo que equivale a casi 170 días de oscuridad total si se sumaran los cortes. Esta precariedad no solo impide el descanso, sino que destruye la dinámica económica de los pequeños comercios y pone en riesgo la seguridad ciudadana.
Lo más grave de esta crisis es la facturación eléctrica, que parece desconectada de la realidad del suministro. El Observatorio Nacional para la Protección del Consumidor (ONPECO) ha denunciado aumentos desproporcionados en usuarios que no han variado sus hábitos de consumo. Casos donde hogares pagaban RD$3,000 y de repente reciben facturas de RD$8,000 son cada vez más comunes, generando un sentimiento de desprotección total ante las distribuidoras.
La explicación oficial sobre el salto de los 700 kWh, donde al superar ese umbral se pierden los tramos subsidiados y se aplica una tarifa única más alta, parece más una trampa recaudatoria que una medida de ahorro energético para el usuario. Si bien es cierto que el calor dispara el uso de aires acondicionados, la falta de transparencia en la medición y la respuesta sistemática de Protecom declarando los reclamos como improcedentes solo profundizan la desconfianza ciudadana.
El verdadero agujero del sistema, sin embargo, no está en el consumo de la gente, sino en la ineficiencia de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDE). Es escandaloso que las pérdidas totales del sistema ronden el 38.9 %, con casos extremos como el de Edeeste, que pierde el 56 % de la energía que compra. De cada 100 unidades de energía adquiridas, casi 40 se disipan entre el fraude, la falta de cobro y el deterioro de unas redes que se caen a pedazos por falta de inversión estratégica.
Esta ineficiencia operativa tiene un costo fiscal devastador. En los primeros meses de 2026, el subsidio eléctrico ya superaba los RD$48,000 millones, una cifra que compite directamente con el gasto destinado a la educación pública. Cada peso que el Estado transfiere para cubrir las pérdidas de las EDE es un peso que se le arrebata a la salud, la infraestructura o la seguridad. Hemos normalizado un déficit global de aproximadamente US$1,700 millones anuales, financiando con impuestos la deficiencia gerencial.
La solución no puede seguir siendo administrar la crisis haciendo ajustes de tarifa mientras las pérdidas técnicas y comerciales siguen fuera de control. Se requiere una política de Estado que se enfoque en la transformación profunda de la distribución. No basta con agregar generación, si la energía se va a perder en cables viejos y deficiencia administrativa.
El pueblo dominicano ya ha pagado suficiente por un servicio que no recibe. Es hora de exigir responsabilidad a los administradores de las EDE y transparencia absoluta en el cobro. La electricidad es un asunto de seguridad nacional y un derecho esencial para el desarrollo. Mientras sigamos permitiendo que las distribuidoras operen con ineficiencia y facturaciones caprichosas, la luz del pueblo seguirá siendo un espejismo que solo brilla cuando se prenden velas en señal de protesta.
Por Pedro Cruz Pérez